El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha salido al paso de las informaciones difundidas sobre las posibles consecuencias de la reforma del Reglamento General de Costas y ha negado con rotundidad que la modificación vaya a provocar el cierre de chiringuitos o la desaparición de establecimientos hosteleros en las playas malagueñas.
Salas ha denunciado que Málaga vuelve a verse afectada por una campaña de bulos impulsada, según ha afirmado, por el Partido Popular con el propósito de generar preocupación entre los empresarios, trabajadores y usuarios del litoral. El representante del Ejecutivo central sostiene que se están atribuyendo a la reforma consecuencias que no aparecen recogidas en el texto normativo.
Estas declaraciones se han producido tras la reunión mantenida por el subdelegado con el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Manuel Villafaina. En el encuentro participaron miembros del equipo de la federación y el jefe de la Demarcación de Costas, Ángel González.
Una adaptación a las normas europeas
El subdelegado ha explicado que la modificación tiene como objetivo adaptar el procedimiento para conceder autorizaciones destinadas a actividades económicas en el dominio público marítimo-terrestre a las exigencias de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha requerido a España que estas concesiones se tramiten mediante procedimientos transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva. La reforma pretende responder a estas exigencias dentro del procedimiento de infracción abierto al Estado español.
“Tendrá que explicar el PP qué problemas tiene con la transparencia, la imparcialidad y la concurrencia competitiva para otorgar las concesiones, porque parece que esto no le gusta mucho”, ha señalado Salas.
La modificación del reglamento tiene carácter estatal y establecerá unas condiciones jurídicas comunes para todo el litoral español. El periodo de audiencia e información pública ya ha concluido y durante su desarrollo pudieron presentar alegaciones y observaciones las administraciones, entidades y particulares interesados.
Los establecimientos pueden continuar funcionando
Salas ha insistido en que el cambio normativo no impide conceder autorizaciones ni ordena cerrar los negocios instalados en las playas. Tampoco supone una alteración inmediata de las condiciones en las que actualmente trabajan los establecimientos. “La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o establecimientos existentes”, ha afirmado.
El subdelegado ha recalcado que no existe una afección automática sobre las instalaciones actuales y ha negado que la reforma implique la desaparición de los chiringuitos del litoral andaluz. Su alcance se limita a adecuar los futuros procedimientos de concesión a las normas europeas sobre competencia.
Desde la Subdelegación del Gobierno consideran que trasladar al sector la amenaza de cierres generalizados carece de respaldo en el contenido de la modificación y provoca una alarma innecesaria en una actividad especialmente relevante para el empleo, el turismo y la economía de los municipios costeros malagueños.
Javier Salas ha defendido que la reforma aportará mayor seguridad jurídica al incorporar a la normativa española los requerimientos formulados por la Comisión Europea. La modificación tampoco cambia el reparto de competencias. El Estado conserva, como titular del dominio público marítimo-terrestre, la facultad de fijar un régimen jurídico común para el conjunto del territorio nacional. Las comunidades autónomas seguirán participando en la tramitación de las concesiones correspondientes a las actividades económicas desarrolladas en el litoral.