El debate sobre la tasa turística se reaviva en Málaga con la vivienda pública y los servicios urbanos como trasfondo
La vía autonómica para la implantación de un impuesto sobre las pernoctaciones turísticas volverá al pleno municipal a través de una moción del grupo socialista en la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio. Los representantes de la oposición sostienen que la Junta de Andalucía dispone del marco legal y de las competencias tributarias exclusivas necesarias para regular este gravamen sin requerir una reforma previa de la legislación estatal, tomando como referencia los precedentes aplicados en comunidades como Cataluña, Baleares, Galicia o el País Vasco.
El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, e impulsor del texto junto a la concejala Lorena Doña, ha argumentado que el volumen del turismo de masas genera un sobrecoste en servicios públicos esenciales como la gestión del agua, la limpieza o la recogida de residuos que actualmente asume el presupuesto municipal. Según la moción, que cita resoluciones del Tribunal Constitucional y el marco del Estatuto de Autonomía, la recaudación de este tributo debería tener un carácter finalista para financiar vivienda pública asequible, conservación patrimonial y sostenibilidad urbana.
Por su parte, Doña ha cifrado en 23 millones de euros el impacto económico potencial que habría reportado esta tasa en la capital tomando como base las cerca de cinco millones de pernoctaciones registradas en la ciudad durante el último ejercicio. Desde la formación demandan al alcalde, Francisco de la Torre, que traslade la petición formal al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla para abrir el trámite legislativo, argumentando que la alta densidad de visitantes justifica la búsqueda de ingresos complementarios para sostener la infraestructura urbana.