La respuesta habitacional del Ayuntamiento de Málaga ante situaciones de vulnerabilidad extrema se sitúa en el centro del debate político antes de la próxima Comisión de Derechos Sociales. Una iniciativa del grupo municipal del PSOE reclama la recuperación de la red de viviendas de transición para mujeres víctimas de violencia machista y familias monomarentales, un recurso que dejó de prestar servicio a finales del año 2020.
Los impulsores de la propuesta, entre los que figuran el portavoz Mariano Ruiz Araujo, la viceportavoz Carmen Martín y la edil Rosa del Mar Rodríguez, subrayan que la imposibilidad de acceder a un alquiler en la capital agrava de forma crítica la seguridad de las mujeres afectadas. Según expone la iniciativa, la falta de alternativas alojativas obliga en ocasiones a mantener la convivencia con el agresor, afectando directamente a la seguridad de las víctimas y de sus hijos a cargo.
Para revertir esta situación, la propuesta plantea la elaboración en el plazo de seis meses de un plan municipal específico que evalúe la demanda, concrete los criterios de acceso y fije los tiempos de estancia. Para su financiación, se sugiere recurrir a las líneas de crédito del Plan Estatal de Vivienda 2026-30 impulsado por el Gobierno central, así como a fondos autonómicos de la Junta de Andalucía destinados a alojamientos temporales de carácter social.
Asimismo, se insta a destinar prioritariamente inmuebles del parque público municipal a este programa y a establecer un protocolo permanente de coordinación inmediata entre el Área de Derechos Sociales, los servicios sociales comunitarios y el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). Todo ello en un contexto provincial donde se contabilizan más de 5.000 mujeres incorporadas al sistema VioGén y miles de hogares monomarentales expuestos a tensiones económicas derivadas del mercado inmobiliario.