El Gobierno de España ha aprobado un cambio importante en la Ley de Memoria Democrática para que más personas puedan recibir compensaciones y reconocimiento. Hasta ahora, estas ayudas solo cubrían hasta finales de 1977, pero con el nuevo Real Decreto-ley, el plazo se amplía un año más, llegando hasta el 29 de diciembre de 1978, el día exacto en que entró en vigor la Constitución.
Este cambio busca hacer justicia con quienes fueron perseguidos, torturados o fallecieron defendiendo las libertades en ese último tramo de la Transición. El Estado reconoce así su deuda con las familias de quienes perdieron la vida o sufrieron lesiones graves por su actividad política y democrática.
Las ayudas económicas aprobadas son significativas. Las familias de los fallecidos podrán solicitar una indemnización de 250.000 euros. En el caso de personas que sobrevivieron pero quedaron con una incapacidad permanente, las cuantías van desde los 180.000 euros hasta los 500.000 euros en los casos más graves de gran invalidez.
Los beneficiarios principales serán los hijos y parejas, aunque si estos no existen, también podrán pedirlo padres, nietos o hermanos. Como norma general, el Gobierno ha dejado claro que estas ayudas no se darán a personas que hayan pertenecido a bandas terroristas. Con esta medida, se intenta cerrar definitivamente una etapa de olvido para muchas familias que quedaron fuera de la ley anterior por apenas unos meses de diferencia.