Los socialistas llevarán a pleno la moción “que ha obligado al PP a transigir para devolver a las familias más de 1,8 millones de euros” por “cobros injustificados” por lecturas erróneas del consumo y redondeo “al alza”, a la vez que elevarán a la sesión plenaria la defensa de los trabajadores de FCC y Aqualia, concesionarias de servicios en la Empresa Municipal de Aguas (EMASA)
El Grupo municipal socialista ha forzado al Ayuntamiento de Málaga a reconocer que se han facturado en exceso 478.041 facturas afectadas por un importe de 1.971.974 millones, a razón de 27,2 euros por factura y hogar, por “cobros indebidos” del suministro de agua y saneamiento. Los socialistas han forzado al equipo de gobierno a “reconocer sus errores”, fruto de la “mala gestión y los fallos informáticos de EMASA”, que han inflado “artificialmente” el recibo del agua desde el año 2013 a 78.000 usuarios.
Así lo ha manifestado el portavoz socialista, Daniel Pérez, acompañado de la viceportavoz socialista Begoña Medina, junto a una veintena de empleados de las contratas FCC y Aqualia que trabajan para la empresa municipal de agua, en huelga por “atentados a sus derechos laborales”. Pérez ha denunciado que la ciudadanía “lleva años soportando un tarifazo inasumible por la acumulación de consumos de hasta cuatro meses en una sola factura” y ha exigido “un informe completo desde 2013”.
Aunque ha celebrado que el Consejo de Administración apruebe la regularización automática, el líder socialista ha advertido que “el nuevo sistema informático no estará operativo hasta finales de 2027”, por lo que ha reclamado “suspender de inmediato la facturación acumulada”. Junto a esta reivindicación vecinal, Pérez ha mostrado su “rotundo apoyo” a los trabajadores de las subcontratas FCC y Aqualia que llevan veinticuatro días de huelga y ha instado al regidor, Francisco de la Torre, “a mediar de forma urgente para frenar las coacciones empresariales” y los recientes despidos.
La viceportavoz socialista, Begoña Medina, ha recordado que el PSOE ya llevó en diciembre 2025 este problema con los fallos en la telelectura de contadores, una iniciativa que el Partido Popular tumbó con su mayoría absoluta. Medina ha ilustrado el grave perjuicio económico con casos donde EMASA acumuló cuatro meses de consumo de una sola vez, empujando los metros cúbicos al bloque 4, el tramo tarifario más caro y penalizador.
La edil socialista ha añadido que considera gravísimo que el sistema “carezca de alarmas ante subidas tan repentinas”. En esta misma línea, ha cargado contra la actitud de FCC y Aqualia por “acumular beneficios millonarios” mientras condenan a sus operarios a salarios por debajo del mínimo interprofesional, exigiendo la readmisión de los trabajadores represaliados.
Finalmente el delegado de personal de FCC y Aqualia, Diego Rico, ha intervenido para describir la “dramática situación que sufren los operarios tras casi un mes de movilizaciones”. El representante laboral ha lamentado que la compañía respondiera con el despido arbitrario de dos compañeros y la sanción injustificada a diez operarios. Rico ha expuesto que el presupuesto del contrato municipal se ha duplicado hasta rebasar los 2 millones de euros sin que sirva para mejorar la vida de los trabajadores y ha reclamado una “intervención municipal rápida y decidida”.