La nueva ley de dependencia del Gobierno dejará 954 millones de euros más para Andalucía
El Gobierno central ha sacado adelante el nuevo real decreto-ley de dependencia, una medida que tendrá un impacto directo e histórico en las arcas de la Junta de Andalucía al garantizar una inyección económica adicional de 954 millones de euros entre los años 2026 y 2027. Esta importante cuantía económica, destinada en exclusiva a financiar el denominado «nivel mínimo» del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se calcula a partir de los datos oficiales del Imserso a fecha de 31 de mayo de 2026, que registran un total de 352.209 andaluces con prestaciones reconocidas en la comunidad autónoma.
La nueva normativa estatal, que entró en vigor el pasado 1 de julio, introduce una actualización al alza de las transferencias mensuales que el Estado realiza por cada dependiente según su grado. El mayor incremento presupuestario se concentra en los casos de mayor gravedad: las partidas estatales para las personas con Grado III (gran dependencia) aumentan un 128% (pasando de 290 a 660 euros al mes), mientras que las asignadas al Grado II (dependencia severa) se duplican alcanzando un alza del 100% (de 130 a 260 euros mensuales). Por su parte, los expedientes de Grado I (dependencia moderada) experimentan una subida del 18% (de 76 a 90 euros al mes).
La repercusión de estos nuevos porcentajes en la comunidad andaluza se traducirá en un incremento progresivo de los fondos transferidos. Durante el presente ejercicio de 2026, Andalucía percibirá 318 millones de euros adicionales, lo que elevará la aportación estatal de este año por encima de los 957 millones de euros. De cara a 2027, la inyección extra ascenderá a 636 millones de euros, situando el presupuesto global transferido por el Gobierno central para el nivel mínimo en más de 1.200 millones de euros. Fuentes del sector remarcan el contraste de este escenario con el que se habría dado de no haberse aprobado la reforma, pues bajo el sistema de cálculo anterior y con el volumen actual de beneficiarios, el Estado habría transferido únicamente 640 millones de euros a la comunidad.
Este nuevo flujo de capital pondrá fin a una etapa de dos años consecutivos de congelación presupuestaria en la cofinanciación estatal (ejercicios de 2024 y 2025), una parálisis que había mantenido prorrogadas las cuantías fijadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y que generó repetidas quejas por parte de la administración autonómica. En este sentido, la Junta de Andalucía ha venido reclamando de forma insistente que la infrafinanciación estatal acumulada desde el año 2019 se eleva a unos 6.000 millones de euros debido a que la aportación de la Administración General del Estado se situaba lejos del objetivo del 50% de cofinanciación que marca el espíritu de la ley.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado de forma muy positiva el alcance de la reforma aprobada por el Consejo de Ministros. Fernández ha subrayado el compromiso del Ejecutivo central para mejorar la calidad de vida de los mayores andaluces en sus propios hogares y ha defendido que, con este incremento de los fondos, el Gobierno de España asume de forma efectiva el sustento del 50% de la financiación de la dependencia en la región, un hito que considera vital para agilizar la gestión de los expedientes, disminuir las listas de espera y dignificar las condiciones laborales de las plantillas del sector de los cuidados.
Cabe destacar que los 954 millones de euros estimados corresponden únicamente al nivel de protección mínimo garantizado por el Estado. A esta cantidad habrá que sumar la inversión correspondiente al «nivel acordado», una vía complementaria de financiación estatal cuyo reparto definitivo se concretará de forma multilateral en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.