Los socialistas apuntan que los problemas se iniciaron con la externalización del servicio

El PSOE ha instado hoy al equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga a adoptar medidas de forma inmediata para resolver el “caos” en el Patronato de Recaudación Provincial. El diputado provincial del PSOE, Miguel Espinosa, ha anunciado que los socialistas han presentado una moción urgente que se debatirá mañana en el pleno y ha apuntado que los problemas se iniciaron hace dos años con la externalización del servicio.

Espinosa ha explicado que este organismo, que presta servicio a más de 90 ayuntamientos y a más de dos millones de contribuyentes en la provincia de Málaga, “está sumido en un auténtico caos que nunca se había visto desde su creación”. En este sentido, ha señalado que la situación se originó tras el cambio del programa informático a principios de 2024, una situación que, dos años después, “sigue generando graves problemas organizativos”. “Está afectando a los contribuyentes, a los ayuntamientos y también a los trabajadores del propio servicio, que son quienes dan la cara en las oficinas”, ha indicado.

El diputado socialista ha denunciado que se están produciendo errores continuados en la gestión diaria, como recibos emitidos fuera de plazo, con importes incorrectos o que ni siquiera llegan a los usuarios. “No estamos hablando de errores puntuales, sino de fallos reiterados que se vienen produciendo en los últimos dos años”, ha subrayado.

Asimismo, ha advertido de un problema especialmente grave relacionado con los planes de pago fraccionado, que ha afectado a unos 70 municipios de la provincia. “Se han emitido recibos con importes erróneos, en algunos casos cobrando de más a los ciudadanos, y a día de hoy esas cantidades no se han devuelto con la agilidad necesaria”, ha criticado.

Ante esta situación, el PSOE plantea una batería de medidas, entre ellas la puesta en marcha de una campaña informativa dirigida a la ciudadanía y a los ayuntamientos, la realización de una auditoría para evaluar el alcance de los problemas y la revisión del modelo de gestión implantado.

“En el fondo de este problema está la externalización de un servicio que anteriormente prestaban empleados públicos y que funcionaba correctamente. Desde que se privatizó hace dos años, se ha generado un caos que está afectando a toda la provincia”, ha afirmado.

Espinosa también ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas. “Se ha llegado a un punto de inflexión. Se ha cobrado de más a los ciudadanos y, sin embargo, no se está respondiendo con la misma rapidez en las devoluciones. Es una situación muy grave que exige decisiones inmediatas”, ha concluido.

Rechazo a la ubicación de la planta de hidrógeno verde en el entorno del Torcal

Por otro lado, la diputada provincial del PSOE y alcaldesa de Almogía, Antonia García, ha anunciado otra de las mociones que el grupo socialista llevará al pleno, relativa al proyecto de planta de hidrógeno verde “La Joya 2”, prevista en Antequera.

García ha dejado claro que el PSOE “defiende firmemente la transición energética y el desarrollo de las energías renovables”, pero ha subrayado que este proceso debe hacerse “con planificación, respeto al medio ambiente y consenso con el territorio”.

En este sentido, ha advertido de que el proyecto se ubica en un entorno de especial sensibilidad ambiental, próximo al Torcal de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. “Se trata de un espacio de enorme valor geológico, ecológico y paisajístico, además de un motor económico para la comarca a través del turismo rural y de naturaleza”, ha señalado.

Asimismo, ha alertado del posible impacto sobre el sistema acuífero de la zona, fundamental para el abastecimiento de municipios como Almogía, Villanueva de la Concepción y la zona sur de Antequera. “Existe una preocupación real por las consecuencias que este proyecto puede tener sobre los recursos hídricos y el equilibrio del territorio”, ha explicar.

Ante esta situación, ha recordado que tanto ayuntamientos como vecinos han presentado alegaciones “rigurosas y fundamentadas” analizando el impacto ambiental, acústico y sobre la salud.

“Con esta moción rechazamos la ubicación actual del proyecto por su incompatibilidad con la protección ambiental, patrimonial e hídrica del entorno. Defendemos una transición energética ordenada, responsable y compatible con la protección de nuestro patrimonio natural, cultural y productivo”, ha concluido.