Pérez: “De la Torre es el culpable de la expulsión silenciosa de los malagueños por vender la ciudad a los especuladores”

Pérez: “De la Torre es el culpable de la expulsión silenciosa de los malagueños por vender la ciudad a los especuladores”

El PSOE señala al regidor como “máximo responsable” de una vivienda disparada por encima del 55 por ciento que ha provocado la “fuga de decenas de miles de nacidos en Málaga” por “la alfombra roja a la saturación de pisos turísticos”

El Grupo Municipal Socialista llevará este jueves a la comisión de Economía una moción para exigir al Ayuntamiento y a la Junta que se considere a la ciudad de Málaga como Zona Tensionada por los precios del alquiler y compra como permite la Ley de Vivienda, para poner coto a la proliferación de pisos turísticos y a los crecientes precios del alquiler, por encima del 55% desde el año 2020.

En rueda de prensa, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha señalado que la inacción municipal “no solo ha expulsado a los vecinos, sino que ha generado una burbuja insostenible donde el precio de la vivienda ha subido un 55 por ciento desde 2020”, situando el metro cuadrado de venta por encima de los 3.600 euros y el del alquiler rozando los 16 euros, “unas cifras que convierten a la ciudad en un territorio hostil para quien intenta vivir de un salario medio”, que en Málaga ronda los 1.300 euros, ha expresado Pérez junto al responsable de Urbanismo en el grupo socialista, Mariano Ruiz.

Los socialistas llevarán a pleno esta moción ante este escenario de “sustitución estructural de población”, por lo que “se debe paralizar inmediatamente la venta de suelo público para torres de lujo y destinarlo exclusivamente a vivienda protegida”, además de reclamar a la Junta de Andalucía el listado detallado de las 1.385 viviendas turísticas “supuestamente canceladas para verificar si retornan al mercado residencial o siguen operando en la economía sumergida”, como defiende uno de los puntos, ha explicado el portavoz socialista.

Pérez ha sido contundente al afirmar que “es imposible vivir en Málaga hoy en día porque el alcalde, Paco de la Torre, ha decidido vender la ciudad a trozos al mejor postor y ha convertido el suelo público en un activo financiero para cuadrar presupuestos en lugar de usarlo para garantizar el derecho a techo”. El líder socialista en el Ayuntamiento ha lamentado que la negativa del regidor a declarar la Zona Tensionada “condena a las familias a destinar más del 52 por ciento de su salario neto al alquiler”, muy por encima del límite prudente del 30 por ciento, lo que provoca “una expulsión forzosa y cruel de la clase trabajadora”.

Pérez ha tildado de “fracaso absoluto” la política de vivienda del PP apoyándose en el colapso del registro público, donde el pasado diciembre se reveló que “17.000 demandantes tuvieron que competir por apenas 253 viviendas adjudicadas”, mientras la lista de espera real roza ya las 35.000 personas sin que el Ayuntamiento ofrezca soluciones más allá de congelar el presupuesto de vivienda en 36 millones para 2026.

Por su parte, el concejal Mariano Ruiz, responsable de Urbanismo y de vivienda turística en este grupo, ha desgranado los datos que convierten a Málaga en “la capital del descontrol”, alertando de que la ciudad “duplica la tasa de fraude turístico de Madrid” según el informe del Ministerio de Vivienda de febrero de 2026. Ruiz ha detallado que se han detectado 1.845 viviendas turísticas ilegales en la capital y ha acusado al equipo de gobierno de “permitir una explosión de la oferta que ha pasado de 8.000 pisos en 2023 a casi 13.000 en la actualidad”, facilitando la entrada de 5.000 nuevas unidades en solo dos años.

El responsable socialista ha calificado de «papel mojado» la actual moratoria municipal si no se acompaña de una inspección férrea y ha exigido «luz y taquígrafos» sobre las 1.385 viviendas turísticas que la Junta afirma haber cancelado. Ruiz sospecha que muchas de estas unidades siguen operando en la economía sumergida o volverán al mercado turístico por la puerta de atrás, por lo que los socialistas han reclamado el listado completo para verificar, “una a una”, si realmente han retornado al uso residencial para aliviar la asfixia habitacional de los malagueños.

Además, Ruiz Araujo ha advertido de que, tras el auge de las viviendas de uso turístico, “los especuladores han encontrado una nueva vía de explotación en los apartamentos turísticos”, citando como ejemplo el proyecto de Torre de San Telmo, donde se planea convertir un entorno residencial en un «resort de lujo» con 31 apartamentos y piscina. Según el edil, esta situación “está transformando los hogares en habitaciones de hotel y las calles en simples pasillos de paso para visitantes”.

Así, la propuesta de la iniciativa del edil socialista exige medidas urgentes para frenar la pérdida de identidad y de residentes en la ciudad, destacando que “en los últimos ocho años unos 40.000 malagueños de entre 25 y 40 años han abandonado la capital”. Entre las peticiones clave se encuentra la paralización de la venta de suelo público municipal, la aplicación de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler y la aprobación de una moratoria que frene la expansión de los apartamentos turísticos mientras se tramita una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Tenemos que seguir recibiendo al turismo con una sonrisa, pero también tenemos que preservar las garantías de los malagueños», afirmó el concejal. El objetivo de la moción es que las instituciones velen por los intereses de la población local, evitando que la saturación actual siga desplazando a las familias y degradando el mercado de la vivienda en distritos saturados como el Centro y el Este.

Los socialistas destacan que 300.000 malagueños se beneficiarán de la subida del salario mínimo y su efecto arrastre

Los socialistas destacan que 300.000 malagueños se beneficiarán de la subida del salario mínimo y su efecto arrastre

Aguilar valora las políticas del Gobierno para que el crecimiento económico vaya acompañado de justicia social

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha destacado que unos 300.000 malagueños se beneficiarán de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de su efecto arrastre. En concreto, un total de 80.000 trabajadores y trabajadoras en la provincia de Málaga se beneficiarán de forma directa de esta subida. A ello hay que sumar quienes también verán mejoradas sus retribuciones por el “empuje hacia arriba” que va a suponer este incremento.

“No solo mejora la situación de quienes cobran ese salario mínimo, sino que también empuja hacia arriba otros salarios, contribuyendo a reducir la precariedad, y además fortalece de manera importante el poder adquisitivo de muchas familias malagueñas. En una provincia como la nuestra, con un peso importante del sector servicios, esta medida supone más estabilidad, más consumo y más dinamismo económico”, ha asegurado Aguilar.

“Es una apuesta clara por un modelo en el que el crecimiento económico vaya acompañado de justicia social. De ahí la importancia de las políticas sociales que un gobierno progresista decide poner en marcha. Desde el PSOE de Málaga defendemos que el trabajo debe garantizar una vida digna y esta subida es un paso más en ese camino”, ha concluido.

De la Torre “asfixia” a los vecinos del Este con un modelo urbanístico “anacrónico y especulativo”

De la Torre “asfixia” a los vecinos del Este con un modelo urbanístico “anacrónico y especulativo”

Los socialistas exigen la “paralización inmediata” de las actuaciones previstas en Bobby Logan, Torre de San Telmo y Pinares de San Antón, que solo vienen a incrementar la “saturación turística” y deteriorar la calidad de vida de los residentes

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado una moción a la próxima Comisión de Urbanismo con el objetivo de poner fin al modelo urbanístico que el Partido Popular pretende imponer en el distrito Málaga Este sin el consenso vecinal. “El distrito Este es uno de los que más está notando la presión urbanística, especialmente en materia turística.

Los vecinos saben que cuando un edificio se destina íntegramente a uso turístico genera condicionantes que afectan directamente a su vida cotidiana. No entienden cómo el alcalde, Francisco de la Torre, impulsa estos cambios sin escucharles”, ha denunciado el portavoz socialista Daniel Pérez.   Pérez ha hecho referencia a las actuaciones previstas en la antigua discoteca Bobby Logan de Pedregalejo, en Torre de San Telmo y en Pinares de San Antón, todas ellas vinculadas a usos turísticos, recordando que la zona ya se encuentra saturada y que el propio procedimiento municipal fija un límite del 8% para viviendas de uso turístico. “La fórmula del PP ahora es destinar edificios completos a uso turístico, hablando de apartamentos en lugar de viviendas para sortear ese límite, pero generando el mismo problema. Estamos ante un entorno densamente poblado, con servicios tensionados, y no se puede seguir expulsando a los malagueños de sus barrios”, ha añadido.

Por ello, la moción socialista plantea exigir una participación vecinal previa a estos proyectos, además de un plan integral que evalúe el impacto de cada actuación. El portavoz ha advertido que “no se puede permitir que decisiones de este calado se adopten sin información ni diálogo vecinal. Vamos a ser el altavoz de los vecinos y decirle al alcalde que estas actuaciones pueden generar un grave perjuicio y deben revisarse”.

Por su parte, el responsable de Urbanismo en el grupo socialista, Mariano Ruiz, ha explicado que la iniciativa pretende denunciar públicamente una dinámica “anacrónica y especulativa” que se repite en distintos puntos del distrito. “Hoy traemos tres casos concretos, pero la realidad es que el problema se extiende por toda Málaga Este. Son desarrollos que no están valorando el impacto real ni el interés general de los vecinos que aquí residen”, ha señalado.

Ruiz ha criticado especialmente el proyecto previsto en Pinares de San Antón, que contempla 200 chalets de lujo con tres aparcamientos cada uno. “No es el modelo urbanístico que necesita Málaga. Es un modelo extensivo, dependiente del vehículo privado y pensado para grandes capitales, no para el malagueño medio. Los propios vecinos han tenido que elaborar estudios que alertan de incrementos de tráfico de hasta el 240% ante la pasividad municipal”, ha denunciado.

En Torre de San Telmo, ha advertido, “no hablamos solo de 22, sino de 31 apartamentos turísticos en un entorno protegido por un plan especial que ya establecía cautelas”. “Se está transformando la realidad de los barrios, convirtiendo calles en pasillos y hogares en habitaciones de hotel. Y en el caso de Bobby Logan, un suelo previsto para equipamiento social se pretende convertir en instalación hotelera. Exigimos que se pare este modelo que solo beneficia a unos pocos frente a la mayoría”, ha subrayado.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, Gema Delgado, ha recordado que desde 1997 el barrio reclama que el espacio de Bobby Logan se destine a uso público y sociocultural, tal y como recogía el Plan General de 2011. “Pedregalejo está ya muy saturado de viviendas turísticas. No entendemos este cambio de uso después de tantos años de reivindicación. Nos sentimos indignados y no vamos a permitir que se pierda un equipamiento necesario para el barrio”, ha manifestado.

Por su parte, Francisca Ramis, vecina de Torre de San Telmo, ha denunciado los efectos de las obras: “Han destrozado la calle, talado la arboleda y ahora sabemos que habrá 22 apartamentos encima de nuestras viviendas. El ruido es insoportable y vivimos con ventanas y persianas cerradas todo el día. Sentimos que actúan sin control y que nadie nos escucha”.

Finalmente, Flavia Stecchini, vecina del entorno de las calles Vicente Espinel y Jarama, ha alertado de grietas en viviendas y socavones provocados por el paso de camiones en vías estrechas y sin salida. “Pretenden construir ocho viviendas de lujo y más apartamentos en calles que no soportan ese tráfico. Ya hay daños en las casas y riesgos de seguridad. Es inviable y peligroso para quienes vivimos allí”, ha concluido.

Dani Pérez exige auditar la adjudicación de VPO en Málaga tras el precedente del «Caso Valladolid»

Dani Pérez exige auditar la adjudicación de VPO en Málaga tras el precedente del «Caso Valladolid»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga llevará a la próxima Comisión de Derechos Sociales y Vivienda una moción para reforzar los mecanismos de transparencia en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en la ciudad.

La propuesta surge tras las irregularidades investigadas en Valladolid en relación con promociones de vivienda protegida y plantea revisar tanto los procedimientos del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) como los desarrollados mediante fórmulas de colaboración público-privada.

El portavoz socialista, Dani Pérez, ha señalado que cuando el suelo es de titularidad pública y existe participación municipal, debe garantizarse un control riguroso en los procesos de adjudicación. Según ha explicado, la iniciativa busca “reforzar la confianza pública y asegurar que todos los procedimientos se desarrollan con total transparencia”.

Entre las medidas propuestas figura la creación de una comisión no permanente de supervisión, con representación proporcional de todos los grupos políticos, que analice los sistemas actuales y valore posibles mejoras normativas.

Asimismo, la concejala socialista Carmen Martín, encargada de defender la moción en comisión, solicitará la realización de una auditoría interna de los procedimientos de adjudicación desarrollados en la última década, así como la contratación de una auditoría externa independiente.

La iniciativa también incluye la elaboración de un informe detallado, en un plazo máximo de tres meses, sobre el funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes: número de solicitudes activas, perfiles de los solicitantes, requisitos exigidos y tiempos medios de espera.

La promoción de la avenida Ingeniero José María Garnica

En el debate municipal también se pondrá sobre la mesa la situación de la promoción de VPO situada en la avenida Ingeniero José María Garnica, cuya entrega acumula más de dos años de retraso, según han denunciado adjudicatarios.

Algunas familias han trasladado públicamente su preocupación por la demora en la finalización de las obras y por el proceso de asignación de viviendas. Uno de los adjudicatarios, José Fernández, ha explicado que firmó contrato en julio de 2022 y que, desde entonces, las previsiones de entrega se han ido aplazando.

Desde el PSOE consideran necesario aclarar la situación de esta promoción y conocer el estado actual de ejecución de las obras, así como los criterios aplicados en la adjudicación.

La moción será debatida en la próxima comisión municipal, donde el equipo de gobierno deberá posicionarse sobre las propuestas planteadas por la oposición.

Morillas presenta denuncia y moción por el caso de las estatuas del puerto

Morillas presenta denuncia y moción por el caso de las estatuas del puerto

Morillas: “Este no es un debate estético, es un debate sobre cómo se gestiona el espacio público. Este caso es una muestra de colonización del espacio público por intereses privados”

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, presentó ayer por la mañana una iniciativa que llevará a la próxima comisión de Urbanismo, así como una denuncia administrativa ante la autoridad portuaria, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento debido a la dejación de funciones por parte del Consistorio y por cómo se ha «retorcido la ley» para ocupar el espacio público y ponerlo al servicio de los intereses privados.

Morillas ha señalado que “este es un caso más que demuestra que el Partido Popular concibe el espacio público, que es un bien común, como si fuera un decorado. Este no es un debate estético, es un debate sobre cómo se gestiona el espacio público. Es por esto por lo que vamos a trasladar una iniciativa a la próxima Comisión de Urbanismo y presentar una denuncia administrativa ante la autoridad portuaria, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento, ya que entendemos que se ha producido una dejación de funciones por parte del Ayuntamiento y se ha retorcido la ley con el único objetivo de poner el espacio público al servicio de los intereses privados”.

La portavoz adjunta de Con Málaga ha advertido que “se han cometido 3 atropellos que podrían constituir irregularidades administrativas. En primer lugar, se utiliza una figura jurídica que no brinda garantías y que abre la puerta a que, por parte del propietario de la escultura, se puedan adquirir derechos indemnizatorios. Se debiera de haber utilizado un procedimiento administrativo que permitiera la libre concurrencia y que permitiera que el espacio público no sea utilizado para que luego el propietario pueda tener retorno en forma de publicidad y revalorización de la obra”.

“En segundo lugar, se ha omitido una obligación vinculante según la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. No se ha solicitado una autorización cultural que, teniendo en cuenta que estamos hablando de un enclave estratégico de la ciudad que forma parte del entorno del conjunto histórico del centro que está declarado bien de interés cultural, cualquier tipo de actuación que se produzca en este entorno debe de ser sometida a la solicitud de un informe y de una autorización por parte de la Consejería de Cultura para poder evaluar el impacto estético y paisajístico. Un ejemplo claro de esto es la denegación de la noria del Puerto en el año 2015 que fue denegada”, ha señalado Morillas.

Morillas ha denunciado que “es una instalación que carece de licencia urbanística, por tanto, el Ayuntamiento de Málaga no puede omitir su responsabilidad. Tendría que haber iniciado un expediente urbanístico porque es una actuación que requiere de una obra de gran envergadura con la instalación de pedestales. Por tanto, ni tiene licencia urbanística, ni tiene autorización de Cultura ni ha utilizado las figuras jurídicas que permitirían proteger el espacio público frente a los intereses privados”.

“A través de esta iniciativa y de la denuncia administrativa que vamos a presentar, exigimos que se paralice la instalación de estas estatuas en el puerto y que se inicie una solicitud de informes, tanto a la Junta de Andalucía como dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo, para evaluar si estamos ante un caso de infracción urbanística y si se han podido cometer otro tipo de irregularidades administrativas”, ha zanjado Morillas.

De la Torre en el foco por el incumplimiento del contrato de saneamiento de EMASA

De la Torre en el foco por el incumplimiento del contrato de saneamiento de EMASA

Los socialistas presentan una moción a la Comisión de Sostenibilidad para exigir al Ayuntamiento de Málaga que medie en el conflicto laboral con la UTE FCC-Aqualia y garantice tanto la calidad de un servicio esencial como los derechos de los trabajadores en huelga desde hace nueve días

El Grupo Municipal Socialista ha presentado una moción que se debatirá en la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental del próximo lunes para abordar la situación del contrato de limpieza y mantenimiento de la red de saneamiento de Málaga, adjudicado por EMASA a la UTE FCC-Aqualia. “Los trabajadores llevan ya nueve días de huelga reclamando unas condiciones laborales justas recogidas en el pliego técnico que no se están cumpliendo. Y aquí hay un máximo responsable, el Ayuntamiento de Málaga que es quien debe vigilar que las empresas adjudicatarias respeten los derechos laborales”, ha denunciado el portavoz socialista Daniel Pérez.

Pérez ha advertido que el Consistorio no está inspeccionando ni controlando adecuadamente a sus subcontratas, lo que provoca una merma en el servicio y un deterioro de las condiciones de trabajo. “Esto ocurre en muchos contratos municipales, como en Parques y Jardines, EMASA y otros servicios esenciales donde el Ayuntamiento es incapaz o no quiere ejercer su labor de vigilancia”, ha asegurado subrayando que el saneamiento es un servicio imprescindible para la ciudad y que su deterioro puede generar problemas graves para la salud pública.

Así, el portavoz socialista ha señalado directamente al alcalde, Francisco de la Torre. “No se puede mirar hacia otro lado ni culpar únicamente a la empresa. EMASA y el Ayuntamiento tienen la obligación de exigir el cumplimiento del contrato. Es una vergüenza que en Málaga se vulneren derechos laborales en servicios esenciales financiados con dinero público”, ha manifestado.

La viceportavoz, Begoña Medina, que será quien defienda esta moción, ha recordado que el contrato salió a licitación por cinco millones de euros y fue adjudicado finalmente por 4,2 millones, una baja del 16% que, a su juicio, “repercute directamente en la calidad del servicio y en la precariedad de los trabajadores”. Medina ha detallado que la empresa no cumple con el número de efectivos, ni con los medios materiales y vehículos exigidos en el pliego, una situación que es conocida tanto por EMASA como por el alcalde.

En esta línea, ha criticado el modelo de externalización del equipo de gobierno. “El Ayuntamiento adjudica a la baja contratos de servicios esenciales como el saneamiento, donde los trabajadores se enfrentan a riesgos, toxicidad y condiciones extremas bajo tierra”. Además, al igual que Daniel Pérez, ha recordado que este problema se repite en otros ámbitos como control de plagas, Parques y Jardines, el servicio de socorrismo o la seguridad municipal. “Es un modelo que prioriza el ahorro económico frente a la dignidad laboral y la calidad del servicio”, ha afirmado.

De esta forma, Medina ha exigido un mecanismo de mediación inmediato para poner fin a la huelga y garantizar condiciones dignas. “Estamos hablando de un servicio esencial para Málaga. El Ayuntamiento tiene que actuar ya, escuchar a los trabajadores y controlar el cumplimiento de los contratos. Las reivindicaciones son justas y razonables, y deben resolverse con urgencia”.

Desde la plantilla, el delegado de personal de FCC-Aqualia, Diego Rico, ha explicado que se encuentran en la segunda semana de huelga sin contacto efectivo por parte de la empresa, EMASA ni el Ayuntamiento. “Mientras tanto, media Málaga está sin mantenimiento en plena época de lluvias. Nosotros cumplimos con los servicios mínimos y atendemos emergencias, pero no hay reciprocidad por parte de la administración”, ha lamentado.

Rico ha denunciado sueldos precarios y falta de un convenio propio: “Un conductor de camión cobra en torno a 1.200 euros y un peón unos 1.150, trabajando en alcantarillado, festivos, noches y fines de semana, en condiciones insalubres”. Ha insistido en que “somos un servicio esencial para Málaga y no se nos remunera como tal. No pedimos barbaridades, pedimos dignidad, descanso y reconocimiento a un trabajo imprescindible para la ciudad”.

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