El candidato de Por Andalucía por la provincia de Málaga, Ernesto Alba, ha cargado duramente contra el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que acusa de “estar de parte de los especuladores y fondos de inversión” y de “mirar hacia otro lado” ante la crisis de vivienda que atraviesa la provincia.
Tras mantener un encuentro con la presidenta de FACUA Málaga, Lola García, Alba ha denunciado la “dejación de funciones” del Gobierno andaluz en materia de vivienda y ha alertado de las consecuencias que podría tener la no ratificación del decreto de prórroga de los alquileres. “Estamos hablando de que 23.000 familias en Málaga podrían verse afectadas por subidas que incluso alcanzarían el 70%”, ha señalado.
El candidato ha insistido en que la situación actual responde a la falta de aplicación de la Ley de Vivienda y a la ausencia de medidas para frenar la presión de los fondos de inversión. En este sentido, ha defendido la necesidad de declarar zonas tensionadas, limitar los precios del alquiler y aumentar la fiscalidad sobre los grandes tenedores. “La Junta está obviando todas las herramientas legales para garantizar el derecho a una vivienda digna”, ha afirmado, en referencia al artículo 47 de la Constitución.
Alba ha enmarcado este escenario en una “emergencia habitacional y social” que afecta a miles de familias y ha asegurado que, si su formación entra con fuerza en el Parlamento andaluz, impulsará la aplicación efectiva de la normativa estatal y medidas fiscales contra los denominados “fondos buitres”.
Por su parte, García ha confirmado un incremento sin precedentes en la actividad de FACUA en la provincia. Según ha explicado, 2025 ha registrado por primera vez un fuerte aumento de consultas y reclamaciones relacionadas con el alquiler de vivienda, reflejo de las dificultades crecientes para acceder a un hogar.
Además, ha advertido de otro repunte significativo en las reclamaciones vinculadas a la sanidad pública, especialmente por las listas de espera en especialidades, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, que en muchos casos superan los plazos legales establecidos. “Estamos tramitando numerosas reclamaciones al Servicio Andaluz de Salud”, ha indicado.
La responsable de FACUA también ha puesto el foco en el impacto de la inflación en las economías familiares, con cambios en la cesta de la compra y un aumento en la contratación de créditos, en ocasiones con condiciones abusivas. A ello se suma, según ha denunciado, el “debilitamiento” de los servicios públicos de consumo de la Junta, con menos recursos y menor capacidad de respuesta ante los abusos en el mercado.
Ambas partes han coincidido en señalar la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger a los consumidores y garantizar el acceso a la vivienda en una provincia especialmente tensionada como Málaga.