La implantación efectiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de Málaga ha comenzado con un dato contundente: 4.894 multas en apenas un mes. Las sanciones corresponden a conductores que accedieron al área restringida con vehículos considerados contaminantes, según los datos de Gestrisam, el organismo municipal encargado de la gestión tributaria.
Cada infracción está considerada grave y conlleva una multa de 200 euros, que puede reducirse a 100 euros si se paga de forma anticipada. Con estas cifras, el Ayuntamiento podría ingresar entre 978.800 y 1.957.600 euros solo durante el primer mes de aplicación, una cantidad que previsiblemente aumentará cuando se tramiten las sanciones correspondientes a los primeros meses de 2026.
La ZBE entró en funcionamiento en diciembre de 2025 y afecta a un área de más de 430 hectáreas del centro de la ciudad, que incluye el Centro histórico, Soho, parte de La Trinidad, Gibralfaro o El Ejido. En esta zona no pueden circular los vehículos sin etiqueta ambiental que no estuvieran domiciliados en Málaga antes del 30 de noviembre de 2024.
Críticas por un modelo centrado en sancionar
La puesta en marcha del sistema ha reavivado las críticas de la oposición municipal, que acusa al Ayuntamiento de haber priorizado el control y la recaudación frente a las alternativas de movilidad prometidas.
La concejala de Con Málaga, Toni Morillas, pide que todo el dinero obtenido de las sanciones se destine íntegramente a proyectos de movilidad sostenible y mejora del transporte público, algo que, aseguran, no se está produciendo. Según Morillas, la entrada en vigor de la ZBE no ha venido acompañada de mejoras estructurales que faciliten el cambio hacia un modelo de movilidad menos contaminante. “No se ha ampliado la red de transporte público ni se han mejorado los servicios”, critica.
Excepciones y lagunas del sistema
La normativa incluye algunas excepciones que han generado polémica. Los vehículos sin etiqueta que ya estaban domiciliados en Málaga antes de la implantación pueden seguir circulando por la zona restringida, una medida que llevó a que más de 2.000 coches se empadronaran en la ciudad antes de la fecha límite para evitar sanciones.
Además, el sistema presenta una limitación importante: los vehículos extranjeros no pueden ser identificados por las cámaras, por lo que en muchos casos quedan fuera del sistema sancionador.
Una normativa obligatoria… y judicializada
La creación de zonas de bajas emisiones es una obligación legal para todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes, derivada de la normativa europea sobre calidad del aire.
Sin embargo, la ordenanza aprobada en Málaga también ha terminado en los tribunales. El grupo municipal Vox ha recurrido la normativa, al considerar que carece de los informes necesarios y que su implantación no está suficientemente justificada. La decisión final sobre su validez está ahora en manos de un juez.
Mientras se resuelve el proceso judicial, la ZBE sigue funcionando y las cámaras continúan registrando infracciones en el centro de la ciudad, con miles de sanciones acumuladas en apenas su primer mes de aplicación.