El Ayuntamiento de Málaga ha abierto el proceso para adjudicar 62 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en la zona de Teatinos, junto al campus universitario. La promoción, impulsada en colaboración con la promotora Lagoom Living, forma parte de un nuevo desarrollo residencial en el denominado Distrito Universidad.
Las condiciones para acceder a estos pisos han generado debate político desde el mismo momento en que se hicieron públicas las bases de la convocatoria. Según los requisitos establecidos, podrán optar a estas viviendas personas con ingresos de hasta 53.720 euros anuales en el caso de solicitantes individuales y hasta 71.076 euros anuales en unidades familiares, lo que equivale aproximadamente a unos 4.400 euros brutos mensuales para una persona sola o cerca de 6.000 euros al mes en el caso de una pareja.
La promoción contempla 62 viviendas de uno, tres y cuatro dormitorios, todas ellas equipadas con plaza de garaje, trastero y piscina comunitaria. El precio del alquiler oscilará entre 535 y 743 euros mensuales, cifras que desde el Ayuntamiento se defienden como sensiblemente inferiores al precio medio del mercado en la capital malagueña.
El plazo para presentar solicitudes comenzará el 16 de marzo, tras la publicación oficial de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Los pisos se ubicarán en un nuevo sector residencial situado frente a las cocheras del metro y con acceso directo a la Hiperronda.
Una operación urbanística más amplia
Esta promoción forma parte de un proyecto urbanístico de mayor envergadura. La empresa promotora prevé levantar hasta 530 viviendas protegidas en alquiler en este mismo entorno, en una de las áreas de expansión urbanística de la ciudad.
La gestión del alquiler será asumida durante 75 años por la empresa Sogeviso, filial del Banco Sabadell especializada en gestión inmobiliaria. El desarrollo cuenta además con 25 millones de euros de financiación procedentes de fondos europeos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las bases establecen que el coste del alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos de los solicitantes. Por este motivo se fijan tanto ingresos mínimos como máximos para optar a las viviendas.
En el caso de los pisos de menor tamaño será necesario acreditar al menos 25.280 euros anuales, mientras que para las viviendas de mayor superficie el mínimo asciende a 34.600 euros al año. El límite máximo, fijado en 5,5 veces el IPREM, permite que accedan personas con ingresos relativamente elevados dentro del mercado laboral.
Otro de los aspectos singulares de la promoción es el sistema de adjudicación. Las viviendas no se asignarán mediante sorteo, sino por orden cronológico de llegada de las solicitudes, siempre que los aspirantes cumplan los requisitos establecidos.
Críticas desde la oposición
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha criticado que los requisitos económicos de la promoción dejan fuera a una parte importante de la población joven y a trabajadores con salarios más bajos.
Desde el PSOE se sostiene que exigir ingresos mínimos superiores a los 25.000 euros anuales dificulta el acceso a quienes se encuentran en situaciones laborales más precarias, precisamente uno de los sectores más afectados por el encarecimiento del alquiler en la ciudad.
Escasa oferta de vivienda protegida
El debate se produce además en un contexto de escasa producción de vivienda pública en Málaga. Entre 2021 y 2025 se han entregado 109 viviendas de protección oficial en toda la ciudad, una cifra que desde la oposición se considera claramente insuficiente para responder a la demanda existente.
Desde el Ayuntamiento, presidido por Francisco de la Torre, se argumenta que estas viviendas corresponden a la modalidad de precio limitado, la categoría más alta dentro de la vivienda protegida, y que futuras promociones estarán orientadas a familias con menores ingresos.
Esto acontece en un momento donde la situación del acceso a una vivienda asequible se agudiza día a día en Málaga, un grave escenario en el que el mercado del alquiler continúa tensionado y el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de la ciudad.