Un juzgado de Málaga condena al Ayuntamiento de Benahavís por vulnerar los derechos fundamentales del PSOE al ocultarle información sobre la adjudicación de viviendas protegidas
La Sentencia n.º 274/26 estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el concejal y portavoz socialista Luis Feito Miragaya, ordenando al consistorio que entregue la versión 1 del archivo de baremación y condenando a la administración al pago de las costas procesales.
El Tribunal de Instancia de Málaga (Sección de lo Contencioso-Administrativo) ha emitido una sentencia estimatoria en respuesta al recurso presentado por el concejal del Ayuntamiento de Benahavís y representante del Grupo Municipal Socialista, Luis Feito Miragaya, por la inactividad municipal ante las peticiones de información relativas al proceso de adjudicación de 30 viviendas de promoción pública.
La resolución judicial, dictada por el magistrado Óscar Pérez Corrales, declara que la actuación del alcalde, José Antonio Mena Castilla, conllevó una vulneración del derecho de información regulado en el artículo 77 de la LBRL y los artículos 14 a 16 del ROF, lesionando el derecho fundamental de participación política (artículo 23 de la Constitución Española).
El procedimiento se originó tras el silencio de la administración local ante la solicitud presentada por el edil el 15 de abril de 2026 —reiterada el 22 de abril— para acceder al expediente y a las copias digitales de la documentación aportada por los solicitantes para la baremación. Aunque durante el proceso judicial el ayuntamiento facilitó de forma tardía los archivos correspondientes a las versiones v2, v3 y v4, el consistorio omitió la entrega de la versión 1 del documento clave de adjudicación, argumentando de manera genérica un supuesto exceso de solicitudes y falta de medios.
El magistrado tacha de insuficientes las alegaciones del consistorio y recuerda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, señalando que no es admisible «engrosar» la situación con referencias a peticiones pasadas para justificar trabas al control democrático de la oposición ni acogerse a excusas sobre el normal funcionamiento de las oficinas locales cuando existen medios técnicos actuales.
Esta resolución judicial respalda la denuncia adelantada por el Grupo Municipal Socialista, que exige además la paralización cautelar de la adjudicación de las 30 viviendas tras detectar graves irregularidades en el procedimiento, como la participación de cinco hijos de tres miembros del equipo de gobierno del PP (el alcalde José Antonio Mena Castilla, la edil de Economía y Hacienda Esperanza González Pazos y el concejal de Seguridad Ciudadana Diego Guerrero Guerrero) y un presunto fraccionamiento ilegal de dos contratos menores que suman 29.766 euros con el fin de superar el límite legal establecido.
En su fallo, el tribunal condena al Ayuntamiento de Benahavís a entregar la documentación completa pendiente, exigiendo expresamente la remisión del archivo inicial «Baremación de Viviendas Adaptadas y No Adaptadas v1», e impone a la administración demandada el pago de las costas procesales con el límite de 300 euros.
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