Lagunillas, un barrio atrapado entre obras interminables y comercios al borde del cierre

Las obras que debían transformar el barrio malagueño de Lagunillas y mejorar su entorno urbano están teniendo un coste que no figura en los presupuestos municipales: el que están pagando los pequeños comerciantes que intentan mantener abiertos sus establecimientos mientras las calles permanecen levantadas y el tránsito de clientes se ve seriamente dificultado.

Lo que comenzó como un proyecto de renovación urbana, presentado como una mejora para el barrio, se ha convertido en un auténtico calvario para numerosos autónomos. Algunos aseguran haber perdido hasta el 60% de su facturación habitual. Otros acumulan diferencias de ingresos que alcanzan los 45.000 euros respecto a los meses anteriores al inicio de los trabajos. Son cifras trasladadas por comerciantes de la zona a representantes del PSOE municipal y que reflejan la dimensión de una crisis que amenaza con llevarse por delante parte del tejido económico de Lagunillas.

El problema ya no es únicamente cuánto tardarán en terminar las obras, sino cuántos negocios conseguirán sobrevivir hasta entonces.

El Ayuntamiento de Málaga formalizó en julio de 2025 el contrato de las obras con la empresa Construcciones Lasor, por un importe aproximado de 2,46 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Ese calendario inicial ya se ha superado y los trabajos continúan condicionando la actividad cotidiana de uno de los barrios más singulares de la capital.

La intervención se encuentra en su cuarta y última fase, con restricciones de circulación que afectan desde el pasado 1 de julio al vial norte de la plaza de la Victoria. Las consecuencias van mucho más allá de las molestias habituales que provoca cualquier actuación urbanística.

Trabajar para pagar a los proveedores y sobrevivir con los ahorros

Detrás de las cifras de inversión y los plazos administrativos hay una realidad bastante menos amable. Comerciantes que antes podían mantener una actividad relativamente estable aseguran que ahora apenas consiguen ingresar lo suficiente para afrontar los pagos a sus proveedores. En algunos casos, según los testimonios recogidos por el grupo municipal socialista, los propietarios están recurriendo a sus ahorros personales para atender sus gastos cotidianos. La actividad continúa, pero la rentabilidad prácticamente ha desaparecido.

La caída de clientes, las dificultades para acceder a los establecimientos, el ruido, la suciedad y las barreras que rodean las zonas intervenidas han terminado convirtiendo la apertura diaria de algunos negocios en un ejercicio de resistencia económica.

Y mientras las obras se prolongan, los gastos siguen llegando puntualmente. Los alquileres, los impuestos, los suministros y las cuotas de autónomos no entienden de retrasos municipales.

Una odisea para recibir mercancías

Uno de los problemas más graves es el abastecimiento de los establecimientos. La imposibilidad de que los vehículos de reparto accedan con normalidad a determinadas calles obliga a descargar la mercancía lejos de los comercios y trasladarla después manualmente. Según explican los afectados, los repartidores dejan los productos al comienzo de la calle Lagunillas, desde donde los comerciantes deben transportarlos hasta sus establecimientos.

Una operación que antes podía resolverse en unos minutos puede consumir ahora buena parte de la mañana. En determinados casos, los propietarios se ven obligados incluso a dejar sus negocios parcialmente cerrados mientras trasladan los productos.

A esta situación se suma la pérdida de accesibilidad para la clientela habitual. Según los datos trasladados por los comerciantes, alrededor del 80% de sus clientes acceden tradicionalmente desde la calle Victoria, precisamente uno de los itinerarios más afectados por las restricciones.

El resultado es una combinación especialmente perjudicial para el pequeño comercio: menos compradores, más dificultades para recibir mercancías y los mismos gastos fijos de siempre.

¿Quién paga las consecuencias de los retrasos?

La situación ha llegado al debate político municipal después de que el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, y la viceportavoz socialista, Carmen Martín, mantuvieran un encuentro con empresarios y autónomos del barrio. Los socialistas han reclamado al gobierno municipal del PP, encabezado por Francisco de la Torre, que asuma las consecuencias económicas que la prolongación de las obras está ocasionando a los establecimientos.

Entre las medidas planteadas figuran la eliminación temporal de las tasas por ocupación de la vía pública para los negocios hosteleros afectados, bonificaciones en determinados impuestos municipales y reducciones proporcionales de la tasa de basuras. También proponen crear un fondo municipal de ayudas directas que permita compensar las pérdidas de facturación debidamente acreditadas.

Otra de las iniciativas consiste en destinar a ese fondo el dinero que pudiera recaudarse mediante penalizaciones a las empresas adjudicatarias por incumplimientos de los plazos contractuales, siempre que proceda su imposición.

Sin embargo, más allá de las propuestas fiscales, los comerciantes necesitan soluciones inmediatas para continuar trabajando: accesos practicables, zonas de carga y descarga próximas a sus establecimientos, señalización que facilite la llegada de clientes y un calendario fiable para la finalización de los trabajos.

De Carretería a Pedregalejo: una historia que se repite

El conflicto de Lagunillas tampoco puede analizarse al margen de lo sucedido en otras zonas de Málaga, donde las actuaciones de transformación urbana han generado importantes perjuicios para el comercio tradicional. La semipeatonalización de la calle Carretería estuvo acompañada de dificultades de acceso y restricciones que afectaron durante meses a los establecimientos. Algo parecido ocurrió en el Soho, donde comerciantes y hosteleros tuvieron que convivir con vallados, cortes y alteraciones de la movilidad.

Más recientemente, las obras del paseo marítimo de Pedregalejo han provocado una fuerte controversia por los retrasos, los sobrecostes y las consecuencias económicas para los negocios de hostelería, especialmente durante la temporada estival.

Son actuaciones diferentes, pero todas plantean una cuestión común: hasta qué punto puede una administración exigir a los pequeños negocios que soporten, sin compensaciones, las consecuencias económicas de proyectos públicos cuya ejecución se prolonga más de lo previsto.

La oposición socialista considera que existe un problema recurrente en la planificación y gestión de determinadas obras municipales. El gobierno local, por su parte, tiene pendiente ofrecer respuestas concretas a las reclamaciones trasladadas por los afectados de Lagunillas.

Un barrio que no puede permitirse perder sus comercios

Lagunillas no es un espacio cualquiera dentro de Málaga. Su identidad popular, su historia y su singularidad urbana forman parte de un patrimonio que va mucho más allá de sus fachadas, sus calles y sus conocidas expresiones de arte urbano. Los pequeños establecimientos también forman parte de esa identidad. Son negocios de proximidad que contribuyen a mantener la actividad cotidiana, las relaciones vecinales y la vida económica del barrio.

Por eso, la transformación urbanística plantea una contradicción difícil de ignorar: mejorar las calles puede resultar inútil para el comercio local si, cuando se retiren las últimas vallas, algunos establecimientos ya han tenido que bajar definitivamente sus persianas.

La peatonalización puede representar una oportunidad para Lagunillas, pero su ejecución no debería convertirse en una condena económica para quienes llevan años trabajando allí. Porque una cosa es renovar un barrio y otra muy distinta es hacerlo a costa de quienes mantienen sus calles vivas. Y esa es precisamente la preocupación que comienza a instalarse entre los comerciantes de Lagunillas: que las obras terminen, que el Ayuntamiento inaugure las nuevas calles y que, para entonces, algunos de los negocios que les daban vida hayan desaparecido.